Portugal Colonial - El pago de deuda cubana a un fondo de riesgo queda en manos de la justicia británica

Tras siete días de vistas en Londres, que incluyeron el testimonio de un exbanquero encarcelado y acusaciones de soborno, la magistrada Sara Cockerill, de la división mercantil de la Alta Corte, deberá determinar si el fondo de capital de riesgo CRF I Limited es un acreedor legítimo.

"No deben esperar oír de mí muy pronto", advirtió al término de la audiencia del jueves, dando a entender que dada la complejidad de un caso muy técnico, con cuestiones de derechos cubano e inglés, puede tardar meses en anunciar su fallo.

Su decisión, previa al inicio del juicio en sí, versará sobre si CRF adquirió legítimamente los derechos que reclama. Y podrá ser apelada, augurando una larga batalla legal.

Mayor acreedor privado de Cuba, CRF adquirió durante años una cartera de deuda impagada evaluada en 1.300 millones de dólares.

En este caso solo reclama dos créditos contraídos por el Banco Nacional de Cuba (BNC) en 1984, cuando aún ejercía como banco central, con Crédit Lyonnais e Istituto Bancario Italiano. Contratados en marcos alemanes, correspondían a unos 15 millones de dólares, pero CRF sostiene que ahora superan 78 millones con intereses.

Su monto no es lo esencial: si gana podría abrir la puerta a nuevos juicios por miles de millones de dólares en préstamos que el difunto Castro declaró en "default" a finales de los años 1980.

Otros países latinoamericanos libraron largos procesos contra fondos buitres como Elliott Management Corporation, que ganó un multimillonario juicio contra Argentina por su "default" en 2002, impidiéndole acceder a los mercados internacionales durante una década.

- ¿"Fondo buitre" o acreedor responsable? -

CRF adquirió los derechos de los créditos en 2019 a ICBC Standard Bank, filial británica del Banco Industrial y Comercial de China.

Pero las autoridades cubanas aseguran que la transacción fue nula por no contar con la aprobación del gobierno, sino únicamente de Raúl Olivera Lozano, director de operaciones del BNC, que desde la creación del Banco Central de Cuba en 1997 ya no representaba al Estado.

Olivera, que cumple 13 años en una cárcel cubana por soborno, aseguró por videoconferencia que el fondo le prometió 25.000 libras (31.000 dólares) por realizar la operación ilícita. CRF siempre lo ha negado.

Durante cinco días de testimonios que incluyeron a Joscelín Río Álvarez, presidenta del BNC desde 2020, y Vladimir Regueiro Ale, viceministro primero Finanzas y Precios de Cuba, los abogados del Estado cubano se esforzaron en demostrar que la cesión vulneró las reglas.

El BNC "no tenía capacidad para actuar en nombre del Estado cubano, pero incluso si eso fuera incorrecto, se aplicaba la regla de las dos firmas" y la operación solo contó con la de Olivera, defendió el abogado Anton Dudnikov.

"El ministerio de Finanzas y Precios no tuvo ningún conocimiento ni implicación", subrayó su colega Alison Macdonald, asegurando que en noviembre de 2020 el gobierno refutó la asignación tras abrir una investigación a Olivera.

Otros tres responsables del BNC, incluido su entonces presidente René Lazo Fernández, fueron condenados a penas menores por su responsabilidad en la operación.

Pero Jawdat Khurshid, abogado de CRF, defendió, apoyándose en informes jurídicos y detalles sobre la correspondencia entre responsables de BNC y CRF, que los cuatro eran "oficiales del estado cubano" y actuaron correctamente.

Olivera solo dijo que había sido sobornado cuando "lo empujaron", agregó.

Aseguró que el manual del BNC no requería la aprobación ministerial y que transacciones anteriores fueron autorizadas con la única firma de Olivera.

Además, "el Banco Central de Cuba estuvo implicado" ya que debía ser informado y es "una entidad del gobierno cubano", agregó su colega Andrew Pearson en sus alegatos finales del jueves.

Los llamados fondos buitres adquieren deuda perjudicada a precio de remate y buscan recuperarla en los tribunales con intereses.

CRF niega ser uno de ellos y afirma haber actuado "sin secretismo ni disimulo" en su adquisición de cartera. Desde 2012 "Cuba sabía que CRF estaba invirtiendo indirectamente mediante acuerdos de participación", afirmó Khurshid.

El fondo preferiría evitar un largo y costoso juicio, "último recurso" para "llevar a Cuba a la mesa de negociación" tras su rechazo de una oferta de reducción del 60%, agregó.

T.Vitorino--PC