Portugal Colonial - El Tribunal Supremo pide explicaciones al Gobierno español y a la policía por la fuga de Puigdemont

El juez Pablo Llarena demandó conocer cómo era "el operativo inicialmente aprobado y dispuesto" para su captura y cuáles fueron "los elementos que determinaron su fracaso", según documentos judiciales hechos públicos por el Supremo.

Al Ministerio del Interior, Llarena pidió información sobre el operativo "para su detección en frontera y posterior detención", así como "de las órdenes que fueron cursadas" para capturarlo "después de su fuga".

También requirió los nombres de "los agentes responsables del diseño del operativo, de los responsables de su aprobación, y de aquellos a los que se ha encomendado su ejecución o despliegue operativo", agregó en el documento judicial.

A la policía catalana, los Mossos d'Esquadra, pidió también los nombres de los responsables del operativo para detener al ex presidente catalán, sobre quien pesa una orden de captura por su participación en la fallida independencia de Cataluña en 2017.

Figura clave del separatismo catalán, Puigdemont reapareció el jueves antes miles de seguidores en Barcelona, en un escenario dispuesto cerca del Parlamento regional, donde se preparaba la elección del nuevo presidente catalán, el socialista Salvador Illa.

Tras dar un breve discurso, Puigdemont desapareció, pese al amplio dispositivo de seguridad desplegado para detenerlo.

En una primera reacción del Gobierno de España a la fuga de Puigdemont, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, aseguró este viernes que el operativo para detener a Puigdemont "corría a cargo de los Mossos" que "son la policía competente (...) para aplicar los mandatos" judiciales.

"Desde el Gobierno de España lo que hacemos y garantizamos es que España es un Estado de derecho, donde la ley se cumple y donde se han de cumplir los mandatos judiciales", señaló el ministro a periodistas en París, donde se encuentra para acudir a los Juegos Olímpicos.

Sobre Puigdemont sigue pesando una orden de captura toda vez que el Tribunal Supremo determinó que no puede beneficiarse de una ley de amnistía para los independentistas catalanes encausados por los hechos de 2017 que aprobó el Parlamento español a finales de mayo.

A.S.Diogo--PC