Portugal Colonial - Archivan en España la causa contra una exdirigente de ETA por el caso Miguel Ángel Blanco

La Audiencia Nacional, jurisdicción que se encarga de los casos de terrorismo, estimó que "los hechos están prescritos".

Iparraguirre había sido imputada a raíz de la querella presentada en junio de 2022 por la asociación "Dignidad y Justicia" y después de que el juez instructor de la causa, Manuel García Castellón, analizara un informe de la Guardia Civil.

Según este documento, elaborado 25 años después del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, tanto "Anboto" como otros dos dirigentes de la organización -Javier Arizcuren Ruiz, alias "Kantauri", y Miguel Albisu Iriarte, conocido como "Mikel Antza"- tuvieron una participación en lo ocurrido, aunque no fuera material.

Debido a su posición en la organización, "ostentaban suficiente capacidad de mando" para "haber podido tomar la decisión de que no se secuestrase a la víctima" y "evitar el desenlace último", ya que podían haber dado "la orden expresa y concreta de ponerlo en libertad", estimó entonces el magistrado.

Pero el plazo de prescripción para estos hechos en España es de 20 años y, a pesar de que las acusaciones populares apelaron a una ley de 2010 sobre la "imprescriptibilidad de los delitos de terrorismo con resultado de muerte", el tribunal indicó que no podía aplicarse una "retroactividad" en este caso.

El 10 de julio de 1997, ETA secuestró a Miguel Ángel Blanco y le dio un ultimátum de 48 horas al Gobierno de José María Aznar (PP), para que aceptara la reagrupación en el País Vasco de sus presos dispersos por toda España.

El ejecutivo, sin embargo, se negó a aceptar lo que consideró un "chantaje".

Tras 48 horas con el país en vilo, la banda cumplió su amenaza, pegándole dos tiros en la cabeza a un Miguel Ángel Blanco maniatado en un descampado a las afueras de un pueblo vasco.

Su muerte llevó a millones de españoles a las calles en un punto de inflexión para la sociedad vasca, donde los sectores opuestos a ETA no solían manifestarse públicamente por temor a represalias.

Detenida en 2004 en Francia, María Soledad Iparraguirre fue entregada a Madrid en septiembre de 2019 después de haber cumplido su pena allí.

Condenada en España a más de 120 años de prisión, "Anboto" fue la encargada de leer en vasco en 2018 el comunicado que anunciaba la disolución de ETA, organización a la que se le imputan en total 853 muertos en cuatro décadas.

J.Oliveira--PC