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Un juez suspende la política de expulsiones de inmigrantes del gobierno Trump a países terceros
Un juez federal estadounidense suspendió este miércoles la política de expulsión de inmigrantes ilegales a terceros países adoptada por el gobierno Trump, al que dio 15 días para que presente sus alegatos.
El juez de Boston, Brian Murphy, dio ese plazo a la luz de "la importancia y la historia inusual de este caso".
Lo que está en juego es saber si "el gobierno puede, sin previo aviso, expulsar a una persona al país equivocado, o a un país donde probablemente será perseguida o torturada", indicó.
Este juez, nombrado por el presidente demócrata Joe Biden, fue contradecido por la Corte Suprema en junio del año pasado.
Murphy ya había bloqueado provisionalmente en marzo pasado la expulsión de extranjeros de origen asiático a Libia.
También había suspendido en abril la expulsión de otros extranjeros a Sudán del Sur, ya que consideraba que las personas objeto de una expulsión a un país distinto del suyo debían ser informadas de ello y disponer después de un plazo significativo para presentar un recurso.
Al pronunciarse esta vez de fondo, el juez Murphy concluyó que las nuevas directrices dictadas en marzo por el Departamento de Seguridad Interior (DHS, en inglés) en materia de expulsiones a terceros países son "ilegales".
Según estas directrices, las expulsiones están autorizadas con la única condición de que el país en cuestión aporte garantías de que las personas expulsadas "no serán ni perseguidas ni torturadas" y de que el Departamento de Estado considere dichas garantías "creíbles", sin posibilidad alguna de recurso.
En varias ocasiones durante este procedimiento, "el gobierno violó de manera repetida, o intentó violar, las decisiones de este tribunal", lamentó el juez, haciendo eco de los reproches formulados por muchos de sus colegas a la administración Trump, en particular en materia de inmigración.
Citó las "mentiras" del gobierno sobre los temores expresados por uno de los demandantes en cuanto a su expulsión a México.
Después de que el interesado obtuviera una decisión que prohibía su expulsión a Guatemala, de donde es originario, "debido a las violencias sexuales que allí había sufrido", la agencia federal que se ocupaba de él "lo metió en un autobús rumbo a México, donde acababa de ser violado, y de donde fue rápidamente reenviado a Guatemala", se indigna el magistrado.
El presidente Donald Trump ha convertido la lucha contra la inmigración clandestina en una prioridad absoluta, evocando una "invasión" de "criminales venidos del extranjero".
Su programa de expulsiones masivas ha sido frenado o ratificado por múltiples decisiones judiciales, incluida la de la Corte Suprema, mayoritariamente conservadora.
P.Serra--PC