Portugal Colonial - La fiscalía pide 15 años y medio para el expresidente de la Federación Española de Fútbol Ángel Villar

En concreto, el órgano judicial acusó al exdirigente, que estuvo al mando de la RFEF entre 1988 y 2017, de delitos de administración desleal, corrupción en los negocios y apropiación indebida en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento mercantil y le exigió una multa cercana al millón de euros.

Los presuntos hechos delictivos se enmarcan en el caso Soule, en el que habría creado un perjuicio de 4,5 millones de euros (4,8 millones de dólares) por contratos entre 2007 y 2017.

En el escrito de acusación, la Fiscalía implica a ocho personas en total, entre ellas el hijo de Villar, Gorka, para el que se pide una condena de siete años de cárcel, y el exvicepresidente de la RFEF, Juan Padrón, para quien reclama seis años y medio de prisión.

La causa, abierta en la Audiencia Nacional en 2017, investiga si benefició desde su cargo entre 2007 y 2017 a personas de su entorno a través de contratos, entre los que se encuentran partidos de la selección.

Para obtener provecho, se simulaba la prestación de servicios a favor de la federación e, incluso, la jubilación en 2009 de la secretaria de Villar, pese a que siguió ofreciendo los mismos servicios hasta septiembre de 2017.

Las irregularidades en torno a la elección de los encuentros amistosos comenzaron a partir de 2009, gracias sobre todo al aumento del prestigio que empezó con la Eurocopa de 2008 y continuó con el Mundial de 2010 y, otra vez, el campeonato de Europa en 2012.

El órgano judicial subrayó que se eludieron todos los órganos competentes de la federación, al tiempo que Villar decidía los rivales en beneficio de su hijo y de su sociedad también acusada, Sport Advisers, constituida en 2010.

A Gorka Villar se le atribuye la elección de los contrincantes como la negociación de las condiciones económicas, cuando carecía de relación laboral con la federación.

Entre los partidos amistosos se encuentran los disputados contra Corea del Sur, Chile, Venezuela, Perú y Colombia, que habrían generado un perjuicio de unos 3.830.000 euros (4 millones de dólares).

A.Magalhes--PC