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La UE aprueba una normativa contra el desperdicio alimentario y la moda rápida
El Parlamento Europeo aprobó el martes en Estrasburgo una ley contra el desperdicio de alimentos y los residuos textiles, especialemente aquellos originados por la moda rápida, las millones de prendas de bajo coste importadas desde China.
Sin realizar modificaciones, los eurodiputados adoptaron de manera definitiva el texto consensuado, negociado previamente con los Estados miembros.
Según la Unión Europea (UE), cada europeo genera al año una media de 130 kilos de residuos alimentarios y unos 15 kilos de desechos textiles, sector en el que el reciclaje es prácticamente nulo.
La nueva ley, que no detalla medidas concretas, establece objetivos vinculantes para los países europeos en materia de reducción de restos alimenticios.
En 2030, cada Estado miembro deberá reducir en un 30% aquellos generados en la distribución, la restauración y los hogares; y en un 10% los resultantes de la transformación y la fabricación de alimentos, en comparación con los volúmenes anuales registrados entre 2021 y 2023.
Para alcanzar estos objetivos, menos ambiciosos que los adoptados hace año y medio en primera lectura, los Estados podrán elegir programas de prevención adaptados a la organización de su sector agroalimentario.
"La idea es adoptar soluciones específicas (...) valorizar las frutas y verduras 'feas' [que la gran distribución no pone en sus estantes], aclarar el etiquetado, donar los productos no vendidos pero aún consumibles" a los bancos de alimentos y las asociaciones, explicó la autora del texto, la eurodiputada polaca Anna Zalewska (ECR).
Sin embargo, la normativa no asigna ningún objetivo al sector agrícola, algo criticado por numerosas oenegés, como WWF.
Esta ley, que revisa una directiva existente desde 2008 sobre los residuos en la UE, incorpora ahora un sector que no figuraba en ella: la industria textil.
Siguiendo el principio de "quien contamina paga", los productores textiles deberán garantizar la recogida, la clasificación y el reciclaje de las prendas al final de su vida útil y asumir los costes.
No obstante, son los Estados miembros quienes determinarán los posibles costes que deberán sufragar.
A.Seabra--PC