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La Justicia española tumba la medida del Gobierno contra la proliferación de viviendas turísticas
La Justicia española anuló este jueves una de las medidas implementadas por el Gobierno de izquierda para luchar contra la proliferación de viviendas turísticas, un registro de dichas propiedades instaurado en 2025, al considerar que invadía prerrogativas de las regiones, competentes en materia de turismo.
El Estado no tiene competencia "para establecer una regulación exhaustiva de un registro nacional que se superpone a los registros autonómicos (regionales) existentes", señaló el Tribunal Supremo en un comunicado.
Es un duro golpe para el Gobierno del socialista Pedro Sánchez, que busca regular el mercado de las viviendas turísticas, culpadas de alimentar la escalada de los alquileres en las grandes ciudades al reducir el número de viviendas disponibles para residentes.
El fallo del Supremo responde a un recurso presentado en mayo de 2025 por las autoridades de la región de Valencia, pocos meses después de la puesta en marcha a principios de ese año del registro nacional, una iniciativa inédita en Europa.
La medida disponía que cada vivienda destinada a ser alquilada por un periodo corto, especialmente en plataformas como Airbnb y Booking, debía disponer de un número de registro, indispensable para poder ponerla en alquiler.
El trámite debía renovarse cada año.
Pero en España, un país muy descentralizado, varias regiones gobernadas por la derecha, como Valencia y Andalucía, afirmaban que la normativa vulneraba sus competencias. Las asociaciones del sector de los alquileres turísticos también la habían criticado.
El Supremo indicó, no obstante, que se mantiene la obligación de las plataformas en línea de alquiler de "transmisión de datos con fines estadísticos" de los apartamentos alquilados, pero sin tener que pasar por un sistema centralizado.
España, segundo destino a nivel mundial, recibió el año pasado un récord de 97 millones de turistas.
Pero el turismo de masas genera irritación en sectores de la población, que denuncian la presión sobre los servicios públicos, el impacto en el medio ambiente y, sobre todo, el vertiginoso aumento de los precios de la vivienda y del costo de la vida.
F.Carias--PC