Portugal Colonial - Un tribunal europeo estudia la denuncia de seis jóvenes contra la inacción climática

"El caso concierne el impacto del cambio climático que los demandantes consideran imputable a los Estados, especialmente el calentamiento global traducido en olas de calor e incendios forestales que afectan a sus vidas y su salud", declaró Siofra O'Leary, presidenta de la Gran Sala del tribunal.

Los jóvenes de entre 11 y 24 años aseguran que sufren ansiedad por su salud ante la crisis climática.

La demanda, en la senda de otras acciones recientes para conseguir justicia climática, tuvo como desencadenante los masivos incendios forestales de 2017 en Portugal que mataron a más de cien personas.

Algunos demandantes alegan alergias y problemas respiratorios tanto durante los incendios como después, unas dolencias en riesgo de persistir si el planeta sigue calentándose.

"Los gobiernos europeos no nos protegen", había lamentado André Oliveira, de 15 años, uno de los seis jóvenes que llevaron el caso a este tribunal en Estrasburgo, en el este de Francia.

André y sus cinco codemandantes acusan a los 27 países de la Unión Europea, además de Rusia, Turquía, Suiza, Noruega y Reino Unido de no haber limitado suficientemente las emisiones de gases de efecto invernadero.

En términos jurídicos, aseguran que esta inacción vulnera su derecho a la vida y su derecho al respeto a la vida privada y familiar, establecidos por los artículos 2 y 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Más de 80 abogados y juristas de los Estados incriminados acudieron a la audiencia, salvo Ucrania, contra quien los demandantes abandonaron su denuncia, y Rusia, que no tuvieron representación.

- "Cuestión prioritaria" -

El TEDH catalogó el caso como "cuestión prioritaria" y lo encomendó a la Gran Sala, la de más jerarquía dentro del tribunal, integrada por 17 jueces.

Pero antes que nada, los jueces deben examinar la admisibilidad de la demanda, dado que los jóvenes recurrieron directamente al TEDH sin haber pasado por los tribunales estatales.

Los denunciantes argumentan que intentar presentar casos separados en los 32 países sería una "carga excesiva y desproporcionada" en un caso que requiere atención urgente.

Los abogados de los Estados admitieron la importancia del cambio climático, pero defendieron que la lucha de estos jóvenes no correspondía al tribunal europeo.

La representante británica Sudhanshu Swaroop aseguró que, al ser ciudadanos y residentes portugueses, el caso era problema de Lisboa.

Por su parte Ricardo Matos, representante del gobierno portugués, aseguró que los jóvenes "no demostraron que fueron personalmente víctimas. Las simples conjeturas no son suficientes".

- "Intentan evadir el escrutinio" -

Los abogados de los seis jóvenes declararon que tales argumentos son la respuesta típica de los gobiernos en casos climáticos.

"Es un patrón con el que intentan evadir el escrutinio de sus políticas climáticas centrándose únicamente en los criterios de admisibilidad", indicó Gearoid O Cuinn, director de la oenegé británica Global Legal Action Network (GLAN), que respalda a los denunciantes.

"El mejor resultado es que se declare que estos 32 países han violado los derechos de estas personas y que el tribunal emita una decisión jurídicamente vinculante que les obligue a cambiar sus políticas, a promulgar recortes profundos y urgentes de las emisiones de gases de efecto invernadero", añadió.

Es probable que pasen varios meses antes de que el tribunal decida si puede admitir el caso.

Hasta ahora, las decisiones del tribunal en materia de medio ambiente no abarcaban el calentamiento global, sino cuestiones como las catástrofes naturales y la contaminación industrial.

Sin embargo, los activistas recurren cada vez más a la justicia para forzar a los gobiernos a actuar contra el cambio climático.

"El gran avance del último par de años fue aclarar que esta conexión entre derechos humanos y cambio climático es muy obvia, muy clara", dijo Maria-Antonia Tigre, coautora de un informe sobre esta cuestión publicado por el Sabin Center de la Universidad de Columbia.

"Podemos usar la ley de derechos humanos (...) para forzar más acciones de los Estados y las corporaciones", añadió.

A.S.Diogo--PC