Portugal Colonial - Corte Interamericana condena a Honduras por "destitución arbitraria" de jueces del Supremo

El Congreso hondureño destituyó a los magistrados en medio de una controversia por un plan de "depuración" de la Policía ideado por el entonces presidente Porfirio Lobo y apoyado por el jefe del legislativo Juan Orlando Hernández, quien lo sucedería en la presidencia y quien ahora está preso en Estados Unidos por narcotráfico.

La Corte destacó en su fallo "la responsabilidad internacional del Estado de Honduras por la violación de las garantías judiciales, los principios de legalidad e independencia judicial, así como los derechos políticos, a la protección judicial, a la estabilidad laboral y a la integridad personal de los magistrados".

Los jueces destituidos son José Antonio Gutiérrez Navas, Gustavo Enrique Bustillo Palma, Rosalinda Cruz Sequeira y José Francisco Ruiz Gaekel, quienes habían fallado que era "inconstitucional" la depuración de la policía. La única jueza que respaldó el plan no fue removida.

Lobo y Hernández afirmaban que la depuración era necesaria para expulsar a los policías corruptos.

En lugar de los destituidos, Lobo y Hernández impusieron magistrados afines a ellos, quienes dieron luz verde a la polémica reelección de este último en 2014, algo que estaba prohibido en la carta magna.

Lobo fue investigado por fraude tras dejar el poder y Hernández fue extraditado a Estados Unidos, donde fue declarado culpable de narcotráfico el pasado 8 de marzo.

Según la fiscalía estadounidense, mientras era jefe del Congreso y luego presidente, Hernández promovía en público leyes contra el crimen organizado, pero en privado era un "narcotraficante" y protegía a una red que envió más de 500 toneladas de cocaína a Estados Unidos.

Los magistrados fueron destituidos "por una autoridad que carecía de competencia, lo cual constituyó una violación de la garantía de la independencia judicial", indicó en su fallo la Corte, con sede en San José.

El Congreso incurrió en una "desviación de poder" para castigar a los cuatro magistrados "por sus decisiones y ejercer presión externa sobre el Poder Judicial", agregó.

Además, la Corte dijo que los magistrados estuvieron ausentes de la sesión parlamentaria que aprobó su remoción, no fueron informados de lo que sucedía ni se les concedió la oportunidad de defenderse.

"Honduras violó las garantías judiciales y el principio de legalidad", destacó la Corte, pues se violó la separación de poderes.

Como medidas de reparación, la Corte ordenó a Honduras pagar una indemnización a los exmagistrados, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad y adecuar el ordenamiento jurídico interno.

A.Motta--PC