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En España, toca a los hombres "romper" su silencio sobre la violencia contra las mujeres
Hace 20 años, España adoptó una ley para combatir la violencia contra las mujeres, pero a pesar de esta medida pionera, los abusos y comportamientos machistas persisten, lamentan las activistas feministas que señalan la inacción y el silencio de los hombres.
En vigor desde enero de 2005, la ley contra la violencia de género "no solo pretende sancionar conductas de malos tratos por parte de los varones a sus parejas o exparejas, sino que es una ley que lo que pretende es socavar la estructura patriarcal de la sociedad", explica la abogada y activista Altamira Gonzalo.
"Fue la primera ley europea que tiene medidas muy diferentes, que se propone cambiar la educación, cambiar el sistema sanitario, los medios de comunicación, los mensajes de los medios de comunicación, la publicidad, es decir, todos aquellos aspectos de la vida en los que se manifiesta la desigualdad de mujeres y hombres", prosigue.
la jurista fue distinguida el jueves en Madrid con el premio de Igualdad de la abogacía española, junto a los franceses Stéphane Babonneau y Antoine Camus, defensores de la francesa Gisèle Pelicot.
Pelicot, drogada y violada durante años por su marido y decenas de hombres que este último reclutaba en internet, se convirtió a finales de 2024 en un ícono feminista mundial, particularmente por rechazar que el juicio a sus violadores se celebrara a puerta cerrada, para que "la vergüenza" cambiara de bando.
En España, el feminicidio de Ana Orantes fue el que despertó las conciencias: quemada viva por su exmarido, esta mujer de 60 años había denunciado varias veces su violencia a las autoridades y en televisión en 1997.
Unos años más tarde, el Parlamento adoptó por unanimidad una ley que inspiró a otros países, en la que la violencia de género se reconoce por primera vez como una violación de los derechos humanos.
- "Virus" -
De esta ley deriva todo un arsenal de medidas de protección: tribunales especializados, procesos judiciales incluso si la víctima no denunció, asistencia jurídica gratuita, pulseras de alejamiento, vivienda de emergencia...
Todas estas acciones contribuyeron a reducir el número de feminicidios en el país. Así, en 2024, 48 mujeres fueron asesinadas por su cónyuge o expareja, la cifra más baja desde que comenzaron a censarse estos hechos en 2008. Ese año, el récord fue de 76 feminicidios.
Pero un solo asesinato ya es "demasiado", resume Manuela Carmena, exjueza que fue alcaldesa de Madrid entre 2015 a 2019.
La ley se centraba en las mujeres, pero "nos falta mucho trabajar con los hombres", estima esta magistrada jubilada de 81 años, reclamando el fin del machismo, algo "repugnante".
La "dimensión del machismo es enorme", admitió recientemente Ana Redondo, ministra de Igualdad del Gobierno del socialista Pedro Sánchez. Se trata de un problema "transversal" e "inoculado como un virus en la sociedad" que se extiende por las redes sociales, añadió.
El propio Sánchez señaló recientemente la pasividad de los hombres. "Si hay un silencio que aún debemos romper, hoy, particularmente, es el de los hombres", explicó, en un acto con ocasión del 20º aniversario de la ley contra la violencia contra las mujeres.
"¿Bajo cuántos silencios se mantuvo durante años la violación continuada a Gisèle Pelicot?, ¿cuántos hombres supieron y callaron?", se preguntó Sánchez.
- Nuevas formas de violencia -
"España es un país con una violencia sexual grande y muy poco denunciada", abunda Altamira Gonzalo, que es también miembro del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer.
La abogada, como muchas activistas feministas, tiene un sabor amargo por la pena impuesta al antiguo máximo dirigente del fútbol español Luis Rubiales, condenado a una simple multa por agresión sexual, por haber impuesto un beso en la boca a la jugadora Jenni Hermoso.
Sin embargo, esta jurista considera que aquella ley pionera es "buena", porque "ha permitido a más de tres millones de mujeres denunciar y salir de una situación de violencia con la posibilidad de acceder a recursos".
Dos décadas después, las autoridades españolas continúan ampliando el alcance del texto para incluir nuevas formas de violencia, como la violencia digital, económica o vicaria (que consiste en atacar a los niños para hacer sufrir a la madre).
A.P.Maia--PC