Portugal Colonial - El tribunal de paz de Colombia denuncia fondos insuficientes para implementar sus sentencias

La semana pasada la Justicia Especial para la Paz (JEP) condenó al llamado Secretariado de las FARC a ocho años de trabajos de reparación para las víctimas, la pena máxima, por miles de secuestros. Falló la misma sanción contra exmilitares que asesinaron a miles de civiles y los hicieron pasar por guerrilleros para obtener beneficios como días de descanso o condecoraciones.

El tribunal asegura que solo cuenta con cerca del 14% de los fondos necesarios para aplicar estas sentencias, como parte de lo acordado en el histórico pacto de paz de 2016 que desarmó a las FARC.

"El cumplimiento de las sanciones impuestas (...) depende constitucional y legalmente de la asignación y efectiva disposición de recursos financieros por parte del gobierno", dijo la JEP en una carta dirigida al Ejecutivo con "urgencia", en la que pide más de 31 millones de dólares.

El tribunal nació con el acuerdo de paz con el compromiso de impartir penas alternativas a la cárcel a cambio de que los responsables de los peores crímenes del conflicto armado reparen a las víctimas y cuenten la verdad. Aún tiene pendientes nueve imputaciones, como el reclutamiento de menores.

El organismo recibió críticas por la demora en emitir los primeros fallos y, según algunas víctimas, por dictar sanciones poco estrictas con relación a las restricciones a la movilidad de los condenados.

Íngrid Betancourt, secuestrada por la guerrilla por más de seis años, dijo a la AFP sentirse "burlada" y planea recurrir la sentencia internacionalmente.

Rodrigo Londoño, último comandante de las FARC de 66 años, aseguró a la AFP estar "asustado" por la tardanza de la JEP, ya que se le "termina la vida" para reparar a las víctimas.

Además de pedir fondos, la justicia de paz aprovechó para expresar su "preocupación" por el silencio del Ejecutivo respecto a las medidas de seguridad de sus condenados.

Colombia vive la peor ola de violencia de la última década, provocada por grupos que se disputan regiones de producción de cocaína y minería ilegal.

Tras el magnicidio del precandidato presidencial de derecha Miguel Uribe, también hay temor por la seguridad de los políticos en plena campaña por las elecciones de 2026.

A.Santos--PC