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Aumenta el número de víctimas de minas antipersona en Colombia
El número de militares y policías víctimas de minas antipersona crece en Colombia en medio de la escalada de la violencia ejercida por guerrillas que se disputan el control de territorios tras el acuerdo de paz con las FARC.
En un hospital para uniformados en Bogotá aumenta la cantidad de heridos, algunos de ellos con casos de amputaciones por culpa de los estallidos.
Los explosivos son enterrados por organizaciones ilegales dedicadas al narcotráfico que endurecen sus ataques contra la fuerza pública.
Allí la AFP observó militares con prótesis en sus extremidades inferiores. En los peores años del conflicto armado, Colombia llegó a ser el segundo país con más afectaciones por minas después de Afganistán, pero el acuerdo de paz de 2016 con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) alivió por un tiempo la violencia.
De acuerdo con datos oficiales, 2025 cerrará como el año con más miembros de las fuerzas del orden lesionados y muertos en Colombia por minas desde la llegada al poder del presidente Gustavo Petro.
Son 68 casos, en comparación con los 49 de 2022, año en el que el izquierdista asumió como mandatario.
Además es la segunda cifra más alta desde 2017, cuando el grueso de los guerrilleros de las FARC dejaron las armas tras firmar la paz.
"Claramente estamos viendo ese incremento" en "los pacientes", dice el médico Miguel Ángel Gutiérrez, jefe del servicio de rehabilitación del Hospital Militar de Bogotá.
Sus casos denotan una "carga muy alta del impacto que están recibiendo", es decir mayor sevicia, agrega.
En territorios apartados, miembros de brigadas humanitarias buscan minas equipados con trajes especiales, caretas y detectores de metales. La AFP los acompañó en jornadas de rastreo metro a metro por zonas empinadas de Pueblo Rico, en el departamento de Risaralda (oeste).
Desde 2015, antes del acuerdo de paz, han declarado libre de minas unas 2,1 millones de hectáreas, explica el coronel del ejército Diego Alexander Cabrebra.
Petro ha denunciado la violencia en ascenso de guerrillas como el ELN y disidentes de las FARC que no firmaron el pacto de paz y se dedican al tráfico de cocaína.
Expertos consideran que los grupos criminales se han fortalecido bajo la política del mandatario de buscar la paz mediante negociaciones y suspender órdenes de captura contra cabecillas.
El centro de estudios Insight Crime aseguró en un análisis publicado este año que los campos minados siguen siendo un arma utilizada por los rebeldes.
Las disputas de múltiples grupos en las regiones que antes dominaban las FARC motiva la siembra de minas, sostuvo el instituto.
M.Carneiro--PC