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Kast ajusta sus promesas tras un turbulento inicio de gobierno en Chile
Cuando José Antonio Kast asumió la presidencia de Chile en marzo, Franklin Prieto creyó que los precios bajarían y que la seguridad mejoraría. Cien días después, este joven de Santiago afirma no haber visto los cambios que esperaba.
Kast, un abogado de extrema derecha de 60 años, llegó al poder con grandes ambiciones. Durante su campaña, había prometido expulsar a los 340.000 migrantes en situación irregular que se estima viven en Chile, endurecer el combate a la delincuencia y reactivar la economía.
Pero Prieto, un comerciante de 19 años, dice sentirse "decepcionado".
"Todo lo que uno compra, como la comida, ha subido bastante", lamenta mientras recorre con su carrito cargado de chicha las calles del centro de la capital. El barrio de Independencia, donde vive y trabaja, todavía "está plagado de delincuencia", asegura.
Prieto no es el único descontento: según distintas encuestas, la desaprobación de Kast supera el 50%.
- Golpe al bolsillo -
La primera gran decisión de Kast fue ajustar un fondo para amortiguar la volatilidad de los combustibles, que disparó sus precios hasta en un 60% y aumentó el costo de vida.
El gobierno acusó a la anterior administración del izquierdista Gabriel Boric de haber dejado las arcas estatales debilitadas y priorizó reducir el déficit fiscal.
Solange Molina, una empleada administrativa de 44 años, sintió el golpe. "Gasto menos en cosas como ocio o diversión. Estoy más temerosa de excederme en ese tipo de gastos", dice.
Para impulsar la economía, Kast propuso una amplia reforma con miras a aumentar la actividad mediante rebajas graduales del impuesto a las grandes empresas y otros incentivos tributarios.
Pero el gobierno finalmente admitió que no alcanzaría sus metas para el final del mandato en 2030. Ahora revisó su previsión de déficit fiscal cero a 1,5% y rebajó su proyección de crecimiento del PIB del 4% al 3,5%.
"Siempre imaginamos que (la situación) podía ser algo más compleja, pero no en la magnitud que la encontramos", dijo el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, al reconocer la revisión de las expectativas económicas.
- Agenda de seguridad -
La lucha contra la inseguridad, otra de las grandes promesas de Kast, también enfrentó obstáculos.
Aunque Chile sigue siendo uno de los países más seguros de la región, los homicidios y los secuestros han aumentado en la última década asociados a la llegada de grupos criminales extranjeros, como el Tren de Aragua, una banda venezolana.
A pesar de ser una prioridad del gobierno, la flamante ministra de Seguridad reconoció que no esperaba que el Congreso le exigiera tan rápidamente un plan de seguridad "estructurado y concreto".
Kast la destituyó tras apenas 69 días en el cargo, el cambio de gabinete más rápido desde el retorno de la democracia en el país en 1990.
Pocos días después, anunció el despliegue policial en 50 barrios "contra los mercados ilícitos y el crimen organizado" y mayores penas para estos delitos.
También propuso un registro de "vándalos" dirigido a quienes ataquen a la policía o dañen monumentos. Estas personas podrían perder ciertos beneficios, como la gratuidad de los estudios universitarios o una jubilación estatal.
- Migración irregular -
El gobierno de Kast asegura haber endurecido su política contra la inmigración irregular. Sus detractores consideran, sin embargo, que su promesa de expulsar a los migrantes sin papeles, mayoritariamente venezolanos, es irrealizable.
En tres meses, se expulsó a 639 personas, dijo el gobierno a la AFP. A ese ritmo, lograría su objetivo anunciado en unos 130 años.
"El presidente era completamente consciente de que esa promesa no tenía sustento técnico ni capacidad concreta de llevarse a cabo", critica Constanza Schönhaut, diputada del Frente Amplio, el principal partido opositor.
Chile y Venezuela no mantienen relaciones diplomáticas desde 2024, lo que impide al gobierno chileno organizar vuelos de repatriación hacia ese país.
Como alternativa, Kast impulsará salidas voluntarias de migrantes. A cambio, los afectados no recibirían multas ni se les prohibiría un eventual regreso a Chile.
Para Roberto Morales, un predicador de 69 años, el gobierno enfrenta "muchas cosas adversas" y conviene esperar para evaluar la gestión.
"Tiene que pasar un tiempo para dar una respuesta definitiva", dice.
L.Carrico--PC