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Tercera jornada de protestas en Ceuta: vecinos queman asentamiento inmigrante en la playa de Benítez
Durante la tercera jornada consecutiva de protestas en Ceuta, un grupo de vecinos logró superar los controles policiales en la playa de Benítez para incendiar parte del asentamiento construido por inmigrantes. El incidente provocó el despliegue masivo de fuerzas de seguridad, dejando como saldo un militar herido y doce personas detenidas tras los disturbios.
En la tarde del jueves, la tensión acumulada en Ceuta durante tres días consecutivos de protestas alcanzó un punto crítico en la playa de Benítez. Un grupo de residentes locales logró franquear los controles policiales establecidos y procedió a incendiar parte del asentamiento temporal que inmigrantes habían erigido en la orilla, marcando el segundo día consecutivo en que las manifestaciones terminaron con disturbios.
Inicialmente, la concentración se presentaba como una reunión pacífica. A las 18:00 horas, alrededor de medio centenar de personas se habían citado en la carretera de Benítez, vía que conduce a la playa de El Trampolín. Sin embargo, el número de asistentes creció rápidamente, transformando lo que algunos vecinos temían que fuera una protesta silenciosa en un enfrentamiento directo. Alrededor de las 19:30 horas, varios manifestantes lograron superar las barreras policiales y avanzaron hacia la playa anterior a la zona inicialmente prevista.
Una vez en la orilla, los vecinos comenzaron a derribar las estructuras del campamento. «La norma de no acampar es para todos», gritaban algunos desde las zonas elevadas, justificando sus acciones como una defensa del espacio público. La escena se caracterizó por la presencia de fuego que consumía tiendas de campaña y sombrillas hechas con ramas, mientras el humo negro se elevaba sobre la playa. Los inmigrantes presentes observaban la destrucción desde la arena, separados del mar.
El despliegue de seguridad fue masivo para contener la situación. Policías y miembros del Ejército concentraron sus esfuerzos en este punto específico, interviniendo finalmente para expulsar a los manifestantes de la playa. Durante las operaciones, se registró un militar herido y se procedió a la detención de doce personas. Las fuerzas de seguridad desplegaron la Unidad de Intervención Policial (UIP) para disuadir el asalto y retirar a los civiles del área.
Paralelamente a los disturbios en la playa, se produjeron intentos de bloqueo por parte de vecinos contra camiones de ayuda humanitaria. Una decena de residentes intentó impedir inicialmente el paso de vehículos de la Cruz Roja que se dirigían a El Trampolín para repartir comida. Aunque algunos conductores y voluntarios cruzaron los brazos esperando, las furgonetas lograron llegar a su destino mediante un desvío más largo, evitando el enfrentamiento directo.
Los manifestantes, compuestos por jóvenes, adultos e incluso niños, negaron ser grupos extremistas. «No somos grupos ultras, somos vecinos», afirmaron algunos a los medios tras los incidentes. Aunque no se observaron rostros cubiertos para ocultar identidades, muchos mostraron reticencia a ser fotografiados. Algunos participantes expresaron su frustración ante la percepción de impunidad: «Nos han invadido y pueden ir libremente por todos los sitios, y nosotros no podemos hacer nada», señalaron aquellos que permanecían bloqueados por la policía.
La protesta continuó con una marcha posterior hacia otro punto de la ciudad. Los participantes portaban banderas blancas y negras, así como banderas españolas. Los líderes del movimiento reconocieron no tener un destino final definido, pero enfatizaron su intención de «recuperar su ciudad». La atmósfera cambió cuando el cielo adquirió tonos rosados al atardecer; los inmigrantes que permanecían en la playa observaban a los miles de ceutíes que se desplazaban, mientras algunos residentes comentaban con ironía sobre la situación de los desplazados.
Este evento representa la segunda manifestación consecutiva que termina en asalto físico. La ciudad, que busca recuperar el control de sus espacios públicos, enfrenta una tensión persistente entre la indignación vecinal y la presencia de asentamientos informales. Las autoridades mantienen un alto nivel de vigilancia mientras se evalúan las consecuencias legales de los disturbios y la respuesta humanitaria a los afectados por la destrucción del campamento.
P.Mira--PC