Portugal Colonial - Un grupo de DDHH y familiares acusan a China de recurrir a la tortura en las cárceles

El opaco sistema judicial chino ha sido criticado en numerosas ocasiones por la desaparición de acusados, la persecución de disidentes y el uso sistemático de la tortura para obtener confesiones, según activistas.

El último informe del grupo Chinese Human Rights Defenders (CHRD) analizó los casos de 209 reclusos entre 2016 y 2025 que alegaron haber sido torturados y maltratados mientras se encontraban detenidos en China, a pesar de que dichas prácticas están prohibidas por la ley.

Según los hallazgos, los presos políticos fueron objeto de un acoso especial.

El 20% de los reos afirmó haber sido golpeado, mientras que el 15% señaló haber sido torturado para lograr confesiones.

Asimismo, el 35% de los presos entrevistados por el CHRD declaró haber sido privado de atención médica adecuada, lo que provocó la muerte de 16 de ellos tras las rejas.

A Yin Dengzhen, una exvendedora de verduras que cumple una condena de cuatro años y medio por "provocar disputas y causar problemas", se le negó la libertad por motivos médicos a pesar de que no podía comer ni caminar con normalidad, aseguró su hija, Xia Beibei, a la AFP.

La mujer de 58 años, quien intentó en repetidas ocasiones denunciar la corrupción local, padece linfoma y fue hospitalizada después de que su peso bajara a poco más de 35 kilos mientras se encontraba en detención preventiva a la espera de su sentencia en Hubei, en el centro de China, según Xia.

Sin embargo, las autoridades afirmaron que un examen médico realizado tras la sentencia de Yin reveló que se encontraba "en buen estado de salud", añadió su hija, y por lo tanto apta para ser trasladada a una prisión de mujeres en Wuhan.

"Lo que me parece más inaceptable es que, incluso cuando mi madre estaba gravemente enferma y posiblemente enfrentándose a la muerte en cualquier momento, las autoridades (...) ocultaron maliciosamente el estado de mi madre y dijeron que no padecía ninguna enfermedad grave", afirmó Xia.

En los meses previos a su sentencia, Yin se mostraba muy pesimista, dijo Xia, quien se comunicaba con su madre a través de un abogado.

"Ella creía que la razón por la que las autoridades la habían encarcelado era para dejarla morir allí", lamentó.

- "Bajo la alfombra" -

Los reclusos también denunciaron en el informe que se les privaba de sueño, comida y agua, que eran sometidos a temperaturas gélidas y descargas eléctricas, encerrados en jaulas de hierro y colgados de las muñecas.

El CHRD documentó casos de tortura en todas las provincias y regiones administrativas especiales de China, excepto en Macao.

La ley china establece que la tortura y el uso de la violencia para obtener confesiones son punibles con hasta tres años de prisión, con penas más graves si esas acciones causan lesiones o la muerte de la víctima.

Pekín también es signatario de la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura, pero por largo tiempo se le ha acusado de no implementar ni hacer cumplir las leyes y regulaciones para erradicar este abuso.

"La tortura persiste porque las autoridades chinas suelen negarse a investigar y enjuiciar las denuncias presentadas por los presos de conciencia. En algunos casos, las denuncias dan lugar a castigos adicionales", señala el informe.

Titulado "Barrido bajo la alfombra: fallas sistémicas para poner fin a la tortura en la República Popular de China", el informe no encontró pruebas que sugieran que se hayan iniciado procesos penales ni que se hayan tomado medidas disciplinarias contra los responsables.

El Ministerio de Relaciones Exteriores chino dijo a la AFP que "las autoridades judiciales chinas manejan los casos en estricto acuerdo con la ley y aseguran plenamente los derechos legales de todas las partes".

El ministerio afirmó que el CHRD está "consistemente lleno de prejuicios contra China" y que el grupo "fabrica varias mentiras".

Pekín ha rechazado históricamente las acusaciones de tortura presentadas en su contra por la ONU, grupos de derechos humanos y particulares.

Sin embargo, en 2025, su fiscal general hizo una inusual admisión de que en el país sí se producen casos de tortura y detención ilegal, y se comprometió a tomar medidas enérgicas contra las prácticas irregulares de los funcionarios de seguridad.

O.Gaspar--PC