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El gobierno de Sánchez, ante una votación clave sobre vivienda en el Congreso español
El gobierno de Pedro Sánchez afronta una votación clave este viernes en el Congreso sobre dos decretos de vivienda, con pocas posibilidades de sacarlos adelante ante la falta de apoyos suficientes en plena ola de movilizaciones.
La oposición de derecha (PP) y extrema derecha (Vox) anunciaron que votarán en contra, así como la formación independentista catalana Junts, mientras se multiplican las voces que piden que Sánchez adelante las elecciones previstas para 2027.
Con miles de manifestantes protestando a las puertas del Congreso de los Diputados en Madrid, la sesión arrancó con perspectivas muy complicadas para el gobierno de izquierdas, sin mayoría en la cámara.
Entonando cánticos como "gente sin casas y casas sin gente", los manifestantes llegaron desde la céntrica Puerta del Sol, donde hace más de una semana se instaló una acampada para reclamar soluciones contra la crisis de la vivienda que padece el país.
"Esto no puede seguir así", indicó a la AFP Miél Díaz, un docente de 23 años que acudió a la protesta desde Sol.
"La mayoría de la gente de este país o tiene un problema con la vivienda o conoce a alguien que lo tiene", agregó este joven que dice que no puede independizarse por los altos precios del alquiler.
No muy lejos, Teresa Morollón, de 46 años, afirma sentirse "defraudada" con el anunciado fracaso de la votación. "Entendemos que la aritmética en el Congreso está complicadísima, pero hay que hacer unas políticas valientes e inclusivas para toda la gente", agregó.
Un amplio dispositivo de seguridad, con vallas y furgones policiales, rodeaba el Congreso, mientras dentro el gobierno se esforzaba por convencer a los diputados de que respaldaran sus decretos.
"Este de hoy no es un pleno más. Miles de personas están pendientes de la votación de esta Cámara", lanzó la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ante el pleno.
"Millones de personas también se ven reflejadas en este Real Decreto Ley, donde se reconocen sus derechos, donde se facilita el acceso a una vida digna", agregó.
- Votación compleja -
El gobierno de izquierdas de Pedro Sánchez aprobó estos decretos el martes en plena ola de protestas desatadas tras el desahucio la semana pasada de Maricarmen Abascal, una madrileña de 87 años que fue obligada a dejar el piso donde vivía desde hacía siete décadas.
Los textos incluyen, entre otros, la renovación automática de los contratos de alquiler cuando venzan o medidas para restringir los desalojos de inquilinos vulnerables. Igualmente, apuntan a los llamados "fondos buitre", entidades que adquieren inmuebles a bajo precio para maximizar su rentabilidad.
Las posibilidades de una aprobación se complicaron aún más el jueves, cuando Junts, cuyo voto a favor (o al menos una abstención) era necesario para que las medidas prosperaran, anunció que votará en contra.
Para darle su apoyo, pidió al gobierno que los retire y elabore unos nuevos textos.
- ¿Elecciones adelantadas? -
Si caen los decretos, la oposición reclama que Sánchez convoque las elecciones legislativas, previstas incialmente para 2027.
"Cuanto antes sean las elecciones, mejor, pero que sean transparentes, que sean libres y que no haya trampas", lanzó el líder del partido de ultraderecha Vox, Santiago Abascal, en los pasillos del Congreso.
Nadie del entorno del ejecutivo dio pistas en este sentido, afirmando estar concentrados en la aprobación de los decretos.
"He conversado con él y mi discreción va a ser absoluta sobre esta cuestión", afirmó la vicepresidenta del gobierno español, Yolanda Díaz, en la radio Cadena Ser.
La vivienda asequible es desde hace años uno de los principales problemas sociales en España, pero las protestas cobraron fuerza tras el desahucio de Maricarmen Abascal, después de que su vivienda fuera adquirida por una empresa de inversión que pretendía subirle el alquiler un 275%.
El caso provocó acampadas de protesta en el centro de Madrid y otras ciudades y convirtió a la octogenaria en un símbolo de la crisis habitacional.
Maricarmen Abascal tiene previsto regresar al apartamento donde vivía tras un acuerdo con el propietario.
Según el Banco de España, el país, de unos 50 millones de habitantes, arrastra un déficit de unas 700.000 viviendas.
A.Santos--PC