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Madrid recurrirá el Real Decreto sobre centros de datos ante la justicia y la UE
La Comunidad de Madrid ha anunciado una ofensiva legal e institucional contra el Real Decreto sobre Centros de Procesamiento de Datos aprobado por el Ejecutivo central. La administración autonómica recurrirá la norma ante los tribunales y presentará una denuncia en Bruselas, argumentando que la regulación invade sus competencias y amenaza con ahuyentar a los inversores.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha anunciado una contundente ofensiva legal e institucional contra el Real Decreto sobre los Centros de Procesamiento de Datos (CPD) aprobado recientemente por el Ejecutivo central. La administración autonómica acudirá a la justicia para recurrir la normativa y solicitará la adopción de medidas cautelares que suspendan su aplicación de forma inmediata. Paralelamente, elevará una denuncia formal ante las instancias de la Unión Europea con el objetivo de paralizar la iniciativa.
Según sostiene el Ejecutivo regional, la nueva regulación invade directamente las competencias propias de las comunidades autónomas. Miguel López-Valverde, consejero de Digitalización, ha sido el encargado de detallar la postura del Gobierno madrileño tras conocerse la luz verde al decreto. Durante su intervención, López-Valverde marcó un horizonte temporal para revertir la norma a nivel estatal, asegurando que a partir del próximo 30 de noviembre trabajarán para derogar este decreto desde el Gobierno central y devolver así la certidumbre necesaria al tejido industrial.
El titular de Digitalización subrayó que este rechazo no es nuevo. Recordó que desde que el ministerio presentó el borrador del texto el pasado mes de septiembre, la Comunidad de Madrid ha venido advirtiendo de forma reiterada sobre su contenido, al que ha calificado de "nefasto" tanto para el desarrollo tecnológico como para la atracción de capital y el crecimiento económico de la región. En palabras de López-Valverde, el Real Decreto genera un grave escenario de inseguridad jurídica e impone una serie de requisitos técnicos y regímenes sancionadores que resultan "inasumibles para las empresas".
Asimismo, el consejero lamentó que el Consejo de Ministros haya seguido adelante con la aprobación de un texto que, a su juicio, nunca debería haber visto la luz debido al rechazo frontal y a las críticas fundamentadas expresadas por la totalidad del sector implicado. Desde el punto de vista económico, la Comunidad de Madrid alerta de que el endurecimiento regulatorio pone en serio riesgo la capacidad estratégica de la región.
En concreto, señalan que la normativa hace peligrar inversiones valoradas en 69.000 millones de euros en el conjunto de España, de los cuales más de 26.000 millones corresponden directamente a proyectos previstos en territorio madrileño. López-Valverde ha atribuido esta amenaza a unos criterios excesivamente restrictivos que, lejos de fomentar la innovación, ahuyentan a los inversores hacia otros mercados internacionales menos exigentes.
En este sentido, ha incidido en que la regulación española es notablemente más severa que el marco normativo europeo, lo que provocará una pérdida de competitividad y llevará a las multinacionales a desviar sus proyectos hacia otros países vecinos. Por último, el Gobierno regional ha puesto el foco en las consecuencias energéticas derivadas de la nueva legislación. Según ha explicado el consejero, obligar a las empresas a cumplir con las exigencias energéticas estipuladas por el Ejecutivo central se traducirá en la necesidad de acometer inversiones multimillonarias adicionales por parte de los operadores.
T.Batista--PC