Portugal Colonial - Nueva York no logra concretar el cierre de la polémica cárcel de Rikers

La prisión, inaugurada en 1932, albergó a reclusos como Mark David Chapman, condenado por asesinar a John Lennon, el rapero Tupac Shakur y el músico de Sex Pistols Sid Vicious.

Su clausura fue una promesa del entonces alcalde Bill de Blasio (2014-2021) para afrontar la escasez de personal, el generalizado consumo de drogas y el deterioro de las instalaciones.

El proyecto prevé sustituir el complejo por centros penitenciarios más pequeños, pero hubo retrasos en las obras.

El alcalde Zohran Mamdani, que asumió este año, respalda el cierre lo antes posible, pero admitió que no se alcanzará la fecha límite de 2027.

"Esto no puede limitarse a reemplazar un conjunto de edificios por otro. Se trata de una visión transformadora de nuestro sistema de justicia previo al juicio", dijo Dana Kaplan, que supervisa los trabajos.

La prisión de Rikers Island, ubicada en el East River entre los distritos de Bronx y Queens, alberga principalmente a personas que esperan ser juzgadas, como fue el caso del productor de Hollywood Harvey Weinstein.

Lauren Stossel, expsiquiatra de la prisión y actual integrante de la Junta de Corrección de Nueva York, el ente independiente que supervisa el sistema penitenciario de la ciudad, dijo a la AFP que las condiciones siguen siendo "muy malas" y describió la violencia como "fuera de control".

Tres funcionarios penitenciarios resultaron heridos por un interno a comienzos de septiembre.

Los primeros llamados para cerrar Rikers fueron en los años 1960. La causa cobró fuerza en la década de 2010 gracias a las campañas de familiares y exdetenidos.

Darren Mack, exrecluso y cofundador de la organización Freedom Agenda, destacó el "costo humano y financiero" de la prisión.

Según la organización Vera Institute of Justice, que promueve el cierre de Rikers, 48 personas murieron en cárceles de la ciudad de Nueva York entre 2022 y 2025. El presupuesto operativo anual de Rikers ronda los 3.000 millones de dólares.

Mientras el cierre sigue pendiente, activistas y autoridades municipales reclaman reparaciones básicas, mejores programas sociales y educativos. También piden una reducción de la población carcelaria, que supera los 6.500 internos.

J.Oliveira--PC