Portugal Colonial - ATI denuncia que los trabajadores de Valdecilla asumen funciones de la empresa privatizada TRAZA

La Agrupación de Trabajadores Independientes (ATI) ha presentado este jueves una denuncia formal contra la gestión del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, alegando que el personal sanitario está asumiendo funciones operativas que, según contratos y resoluciones judiciales, corresponden a la empresa privada adjudicataria. El sindicato atribuye esta situación a un "descontrol" por parte del gerente del centro, Félix Rubial, y señala al consejero de Salud, César Pascual, como responsable político de la estructura de privatización que lo permite.

La denuncia se centra en el incumplimiento de las obligaciones de transporte sanitario por parte de la empresa TRAZA. Según ATI, los trabajadores del hospital, específicamente el colectivo de Técnicos Cuidados Auxiliares Enfermería (TCAE), están realizando traslados internos y externos de materiales críticos, incluyendo sangre, muestras biológicas, hemoderivados y unidosis de farmacia. Estas tareas, que la organización sindical describe como esenciales para la actividad hospitalaria y no simples recados, se llevan a cabo en urgencias, plantas de hospitalización, cuidados intensivos, quirófanos y hospitales de día.

El sindicato destaca una contradicción flagrante entre la realidad operativa y el marco legal vigente. ATI recuerda que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ya se pronunció sobre esta cuestión, reconociendo que el transporte interno y externo de materiales de uso hospitalario estaba incluido en las obligaciones de la concesionaria del contrato de colaboración público-privada. Además, el Tribunal Supremo, al resolver el recurso correspondiente, especificó en su auto que estos traslados involucraban productos necesarios para la actividad clínica, diferenciándolos de otros servicios logísticos menores.

A pesar de estas resoluciones judiciales, ATI asegura que la prestación del servicio por parte de TRAZA se limita al turno de mañana. Durante las tardes, noches, fines de semana y festivos, la empresa privada no cubre estas necesidades, lo que obliga al personal del hospital a suplir la carencia. Esta situación compromete, según el sindicato, las obligaciones primarias del personal TCAE con los pacientes y pone en riesgo la calidad y continuidad de la asistencia sanitaria.

Otro aspecto criticado por ATI es la gestión del instrumental quirúrgico. La empresa adjudicataria debe trasladar desde Esterilización al Quirófano el carro con todo el instrumental diario. Sin embargo, el sindicato detalla que TRAZA solo realiza el trayecto de ida, pero no recoge el material utilizado para su posterior esterilización. Esta tarea de recogida recae exclusivamente en los celadores propios del quirófano, añadiendo una carga laboral adicional al personal del centro.

ATI subraya que un hospital funciona las 24 horas del día, los 365 días del año, y que la prestación del servicio de transporte debe garantizarse en todos los turnos. El sindicato considera injustificable que la cobertura se limite a la jornada diurna, dejando al personal del hospital con funciones que no les corresponden durante el resto de la jornada laboral.

La denuncia también cuestiona la gestión general del hospital bajo la dirección de Félix Rubial. ATI acusa al gerente de una "dejación de funciones" y lo critica por estar más dedicado a la escritura de libros y publicaciones en la revista Redacción Médica que a su labor como gestor, a pesar de que el contrato exige una dedicación exclusiva. El sindicato enumera otros conflictos graves ocurridos durante su mandato, incluyendo la polémica sobre las compactadoras cuyos residuos de fluidos biológicos procedentes de los quirófanos están siendo dirigidos hacia la red general de saneamiento, el deterioro de las colchonetas quirúrgicas y las condiciones deficientes de los vestuarios del personal.

El origen de esta estructura contractual se remonta al año 2014, durante el Gobierno del Partido Popular en Cantabria. En aquel momento, María José Sáenz de Buruaga era consejera de Sanidad y César Pascual director gerente del Hospital Valdecilla. Bajo su gestión, se puso en marcha la "gran privatización de los servicios no asistenciales" del hospital mediante un contrato de colaboración público-privada por un importe millonario que superó los 759 millones de euros. ATI calcula que la ciudadanía de Cantabria paga una factura anual de 38 millones de euros durante los 20 años de vigencia del contrato.

Esta decisión supuso sacar de la gestión directa del Servicio Cántabro de Salud numerosos servicios, incluyendo la gestión de almacenes, la logística de distribución, el transporte de materiales, la cocina, el servicio de mantenimiento e informática. Como consecuencia, se llegó a despedir a 21 trabajadores interinos de Mantenimiento del Hospital Valdecilla.

Desde ATI, se exige una explicación inmediata ante lo que consideran una duplicidad de gasto público. El sindicato argumenta que es un "auténtico derroche de recursos" y una "alarmante falta de eficiencia en la gestión de los recursos humanos" que el Servicio Cántabro de Salud siga pagando a una empresa privada por servicios que, en la práctica, terminan siendo realizados también por sus propios trabajadores. ATI señala posibles implicaciones legales, dado que una administración pública no puede pagar dos veces por un mismo servicio: una vez a la empresa privada y otra mediante el trabajo de su personal.

El sindicato cuestiona el interés del gerente en consentir que TRAZA no asuma las funciones establecidas por sentencia judicial. ATI exige al consejero César Pascual que ponga fin a esta situación, depure las responsabilidades de quienes permiten que se mantenga y solicite el cese de Félix Rubial. La organización sindical afirma que no corresponde al estamento TCAE el transporte de sangre, mucho menos que ello se haga en función del "capricho caciquil" del gerente.

La denuncia pone de manifiesto la tensión entre la privatización de servicios no asistenciales y la garantía de la atención sanitaria pública. ATI considera un "sinsentido" que después de pagar a la empresa privada, el personal del hospital tenga que realizar también el trabajo, especialmente cuando existen resoluciones judiciales claras sobre las obligaciones de la concesionaria. El sindicato insiste en que el consejero Pascual no puede obviar esa obligación, que le incumbe a TRAZA, para encasquetársela al colectivo TCAE.

S.Caetano--PC