Portugal Colonial - Expectativa en Perú por el proceso de inhabilitación al presidente Castillo

La agenda de la comisión, conformada por 18 parlamentarios y cuya sesión empieza a las 12H00 (17H00 GMT), menciona el debate de dos denuncias, ambas contra la fiscal suprema Zoraida Avalos, a quien buscan suspender cinco años por omisión de funciones cuando se desempeñó como Fiscal de la Nación (fiscal general) entre 2019 y marzo de este año.

La atención de la prensa sin embargo está puesta en el postergado debate y votación de la acusación contra Castillo, que pide inhabitarlo durante cinco años de cargos públicos por el presunto delito de traición a la patria por considerar que podría conceder una salida al mar a Bolivia.

Se esperaba que Castillo o su abogado pudiera asistir a la sesión, tal como se programó el miércoles pasado.

El debate del informe contra Castillo, ya aprobado por una subcomisión parlamentaria de acusaciones constitucionales, debió empezar hace dos días pero se varió a pedido del mandatario quien alegó tener que cumplir una diligencia judicial ese día.

Dicha decisión abrió las puertas para el inicio de un proceso de juicio político, que puede culminar en el pleno del Congreso si la Comisión Permanente lo aprueba.

Este procedimiento del Parlamento se enmarca en el contexto de la aguda crisis política en Perú por recurrentes choques entre Ejecutivo y Legislativo, por lo cual una comisión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) llegará a Lima el 20 de noviembre para intentar tender puentes de diálogo entre ambos bloques.

La Comisión Permanente puede también decidir que el caso carece de bases sólidas y archivar la denuncia.

El informe se sustenta en una entrevista que brindó Castillo en enero a la cadena CNN en español, donde no descartó facilitar el acceso al mar de Bolivia si la población lo decide a través de una consulta popular.

"Le consultaremos al pueblo, para eso se necesita que el pueblo se manifieste", respondió el mandatario ante la pregunta de si pensaba que Perú podía darle una salida al mar a Bolivia, como él había afirmado antes de llegar a la presidencia en 2021.

El informe parlamentario sostiene que la declaración de Castillo "vulneraría mandatos constitucionales".

Sin embargo, algunos expertos consideran que carece de sustento jurídico intentar la inhabilitación presidencial por estas declaraciones del presidente.

Castillo, que asumió en julio de 2021, ha superado dos intentos de destitución del Congreso y enfrenta una media docena de investigaciones fiscales por presunta corrupción.

O.Gaspar--PC